El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM surge en junio de 2019 como organización determinada a lograr la dignificación del trabajo académico en la Universidad ante la precarización e inestabilidad laboral de más del 85% del profesorado, haciendo notar que, acorde a estadísticas de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, DGAPA, la planta académica actual de la UNAM se conforma de 42,280 personas, de las cuales 30,165 son de asignatura A, la categoría más baja y 24,512 no cuentan con un contrato definitivo.
En medio de las dificultades para organizar y consolidar la existencia de un sindicato académico independiente, nos hemos preocupado por qué hacer frente a las violencias que padecemos como comunidad universitaria, en particular las que padecen las estudiantes por razón de su género.
Casos como el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde y el asesinato de Aíde Mendoza Jerónimo han cimbrado y puesto de manifiesto la necesidad de repensar las normas y diseño institucional de nuestra universidad para atender de manera responsable, oportuna e integral las necesidades de las familias afectadas y las de nuestra comunidad.
A estos malestares se suman los de estudiantes víctimas de violencia de género que se han hecho escuchar a través de diversas protestas que fueron aumentando en número e intensidad, es así que actualmente la Facultad de Filosofía y Letras y las preparatorias 7 y 9 se encuentran en paros sostenidos por jóvenes que exigen la solución de sus pliegos petitorios. Frente a esta problemática las autoridades Universitarias han llamado a la entrega de las instalaciones sin establecer diálogos efectivos y amenazado con la consolidación de nuevos grupos de vigilancia casi policiaca.
Con la finalidad de aportar a la solución de una problemática compleja que requiere de atención inmediata así como la implementación de medidas de corto, mediano y largo plazo, desde el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM partimos de reconocer y visibilizar que en la Universidad se presentan casos de abuso de poder, acoso y autoritarismo por parte de autoridades y profesores, puntuando que no se trata de toda la planta académica pero que el problema es sistémico y estructural.
En atención a lo anterior solicitamos a las autoridades Universitarias lo siguiente:
- Atender las exigencias de las estudiantes en paro de manera efectiva y transparente, considerando que para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados puede conformarse una Comisión Especial de Seguimiento conformada personas propuestas por las partes que informe de manera regular los avances en la implementación de los mismos.
- Revisar y reformar la normativa universitaria para armonizarla con el marco de derechos humanos y derechos de las mujeres vigente, ya que no es suficiente la creación de un protocolo para la atención a casos de violencia de género si el resto de instrumentos normativos obstaculizan que las unidades de atención a la violencia en las escuelas tengan las facultades necesarias para actuar de manera eficaz y diligente en la atención de denuncias, la transversalización de la perspectiva de género y la promoción de la igualdad entre hombres, mujeres y personas con otras identidades sexo-genéricas. Lo anterior ya que el debido proceso en la atención a casos no está garantizado porque las funciones y estructura de la institución no responde a las necesidades actuales de la comunidad. Es un laberinto donde no queda claro qué compete a cada entidad y se acaba violentando los derechos de todas las personas. En alcance a esta reforma, se propondrá al H. Consejo Universitario que la violencia de género sea considerada explícitamente como causa grave de responsabilidad para los miembros de la comunidad universitaria.
- Existe un amplio debate sobre la composición de las unidades de atención a la violencia de género, pero hay coincidencia en que debe haber una por cada plantel y contratarse en cada una de ellas al menos una abogada, una psicóloga y una trabajadora social con un perfil acorde a su función, mismo que garantice que actuarán con perspectiva de género.
- Repensar, como parte del diseño institucional, el papel que debe corresponder a la Defensoría de los Derechos Universitarios, comenzando porque el nombramiento de la Ombudsperson se haga de manera democrática mediante el voto directo de todas las personas que conforman la comunidad universitaria.
- Acompañar desde la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos a familiares y estudiantes víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tales como desaparición, homicidio y feminicidio.
- Consolidar el funcionamiento de la Unidad de Transparencia Universitaria, especialmente por cuanto hace a las estadísticas generadas en relación a la atención de casos por violencia de género teniendo especial cuidado en garantizar la protección de datos personales pero actuando bajo el principio de máxima publicidad sobre los resultados del procesamiento de casos.
- Cumplir su obligación constitucional de garantizar la paridad de género en los consejos internos, consejos técnicos, consejos académicos y el Consejo Universitario así como en las diversas secretarías para garantizar la igualdad de oportunidades y la erradicación de la discriminación por razones de género.
- Garantizar la equidad en la contratación de maestras y maestros así como la igualdad salarial, de prestaciones, puestos y presencia en la investigación.
- Promover y garantizar la igualdad de género en el deporte y en el ingreso a carreras tradicionalmente ocupadas por hombres, por ejemplo las impartidas en la Facultad de Ingeniería.
- Realizar una evaluación periódica de las acciones para prevenir y erradicar la violencia de género. Las autoridades universitarias han referido que esta evaluación la realizarán en grupos de trabajo especialmente convocados para este propósito, coincidimos en ello pero pensamos necesario que se garantice la autonomía de este Grupo de Trabajo, el cual deberá ser elegido por convocatoria pública abierta a la que puedan aplicar académicas y expertas en el tema que no necesariamente laboren en la universidad, asimismo el grupo de trabajo deberá generar un informe con recomendaciones de carácter público que las autoridades deberán cumplir en los puntos que les sean referidos.
- La prevención de la violencia de género involucra también la formación de profesoras y profesores en cursos que deben formar parte del currículo básico de capacitación que ofrece la DGAPA con regularidad, esto debe ser así no sólo para personal con interinatos sino para profesoras y profesores de carrera, autoridades y toda persona que labore en la Universidad.
- La educación universitaria debe cambiar pues es sexista y androcéntrica. Se debe incorporar la perspectiva de género en todos los planes y programas de estudio, también es necesario incluir en ellos fuentes bibliográficas y hemerográficas donde se considere la producción científica y la aportación de las mujeres como teóricas e investigadoras en todas las ramas de la ciencia y en las diversas disciplinas.
- Incluir en cada carrera y en los bachilleratos universitarios la asignatura obligatoria “Género, Igualdad y No Discriminación” e integrar una educación sexual laica y científica con perspectiva de género en los programas de estudio, así como implementar cursos sobre nuevas masculinidades para toda la comunidad universitaria. Un ejemplo sobre esto es lo realizado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en España, donde se establece como parte del currículum obligatorio para la educación básica la asignatura “Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad”.
Sobre el papel que tienen los sindicatos universitarios en la atención a las denuncias consideramos necesario armonizar todos los contratos colectivos de trabajo conforme a las nuevas obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo específicamente en materia de prevención, erradicación y sanción de la violencia de género contra las mujeres así como promover y garantizar estos derechos al interior de nuestras organizaciones gremiales y en nuestra labor cotidiana de docencia e investigación.
Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con las comunidades estudiantiles que sostienen los paros y protestas en la UNAM y nos pronunciamos contra la estigmatización, hostigamiento y criminalización de quienes participan en un movimiento que busca la necesaria transformación de nuestra Universidad erradicando de las aulas la violencia.
Estamos seguras y seguros de que atendiendo a los puntos anteriores sentaremos las bases para garantizar los derechos y el fortalecimiento del tejido social universitario.
Por la dignificación del Trabajo académico y la democratización de la UNAM
SITTAUNAM
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